Las llamadas “reformas liberales” del siglo XIX impulsadas por los gobiernos de Santiago González (1871-1876), Rafael Zaldívar (1876-1885) y Francisco Menéndez (1885-1890) se proponían políticamente la construcción de un Estado laico en El Salvador, es decir, buscaban la separación del poder civil del eclesiástico; o en términos aún más específicos, buscaban la sustitución de principios fundamentales del liberalismo católico español (Estado confesional, tierras ejidales y comunales, cementerios católicos, total prohibición a la libertad de cultos, educación católica, matrimonio religioso, imposibilidad de divorcio, no libre testamentifacción, etc.) con los que fueron moldeadas originalmente las Provincias del antiguo Reino de Guatemala, luego de independizarse de España. Ahora se proponía reconfigurar el Estado salvadoreño con los principios de un liberalismo radical (“rojo”, “jacobino”) de influencia francesa que demandaba una total separación entre Iglesia y Estado, pero también la adopción de otras políticas estatales que transformaran profundamente las instituciones arriba mencionadas.
En ese sentido, constituye un grave error reducir la transformación del Estado salvadoreño durante el último cuarto del siglo XIX a la privatización de las tierras comunales y ejidales, o que las llamadas “reformas liberales” buscaban transformar únicamente la estructura de la tenencia de la tierra. En realidad, debe entenderse que tanto liberales radicales como masones buscaban una sola cosa: un cambio estructural del país, de inventar, modelar o crear –si se quiere– un nuevo país de acuerdo con los importantes cambios ideológicos y políticos que se estaban realizando en Europa y en América, y parte de esa transformación o secularización pasaba indiscutiblemente por la privatización de las tierras comunales y ejidales, a las que se les consideraba una reliquia viviente del modo colonial, retrógrado y reaccionario, de concebir el mundo.
Es claro que un proceso de transformación política tan radical en la institucionalidad del país demandaba para su implementación y salvaguarda la aprobación de leyes y de Constituciones políticas en las que quedaran férreamente establecidas las bases del Estado laico. Por ello, desde la llegada del presidente Santiago González en abril de 1871, se inició un proceso de elaboración de leyes y de Constituciones políticas que progresivamente fueron introduciendo cambios esenciales en la estructura del Estado. Si este proceso de transformación formal tomó 14 años (1871-1886) y necesitó de la elaboración de 6 Constituciones (1871, 1872, 1880, 1883, 1885, 1886), nos indica que se trataban de cambios difíciles de implementar; es decir, que liberales radicales y masones encontraron importantes resistencias, tanto de parte del clero como de los sectores conservadores y de buena parte del pueblo que miraba con desconfianza las políticas estatales promovidas por los nuevos liberales.
En efecto, las resistencias populares a la secularización del Estado podían ser producto tanto de una ideologización deliberada e interesada por parte del clero –como alegaban los liberales anticlericales–, pero también de la clara conciencia que los sectores populares fueron adquiriendo de que tales cambios implicaban la pérdida de importantes privilegios que disfrutaban desde tiempos de la Colonia, como eran precisamente las tierras ejidales y comunales, o los comerciantes seguir vendiendo sus productos en las calles y no en “modernos” mercados como los construidos en San Miguel en 1875; y, por supuesto, también estaba en juego la pérdida de una visión de mundo que le daba sentido y seguridad a la existencia humana (el tradicional rol social de la mujer, religión única, cementerios, matrimonio y educación católica). Es innegable, pues, que algunas de las políticas estatales implementadas por liberales secularizantes y masones afectaban la vida diaria de los habitantes del país; y es claro que esos cambios afectaron y dañaban a uno de los sectores más poderosos del país: la Iglesia católica.
Se suele sostener que la Iglesia católica salvadoreña tenía muy poco que perder con las reformas políticas del último cuarto del siglo XIX, porque siempre fue una Iglesia pobre, sin grandes posesiones territoriales o riquezas económicas; pero ¿acaso no era suficiente poder el monopolio de la verdad y la falsedad, de lo que se debe leer o no, de lo que se debe enseñar o no, o si una persona merece ser enterrada en un cementerio o no, etc.? En ese sentido, implicaba un gran cambio el que a las nuevas generaciones de ciudadanos ya no se les iba a enseñar que la religión católica era la única verdadera, que de ahora en adelante se tolerarían en el país la práctica pública de todos los cultos religiosos. Y por supuesto, la Iglesia católica luchó denodadamente por no perder el control de los nacimientos y las defunciones, o de los matrimonios. En fin, como parte de este movimiento de oposición a los procesos de secularización debe entenderse los graves disturbios de San Miguel en Junio de 1875.
Por otro lado, también se suele sostener que la llegada de Santiago González al poder no implicó grandes cambios en la estructura económica, o que su Presidencia no representó ningún cambio fundamental para la historia política e institucional del país. De nuevo, se trata de una afirmación demasiado tajante para ser verdadera. Porque, ¿acaso lo económico es lo único fundamental o necesario para entender el devenir histórico de los pueblos? Más bien, es obligatorio preguntarnos a estas alturas cómo es posible que la mayoría de los investigadores de los procesos históricos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX en Centroamericana le hayan dado tan poca importancia al proceso de secularización que arrancó tan tempranamente –aunque sin éxito- durante los mandatos en Guatemala de Mariano Gálvez (1831-1838) y de Francisco Morazán, para terminar absolutizando los procesos económicos como los únicos decisivos a la hora de escribir la historia de los pueblos centroamericanos. Y resulta mucho más sorprendente constatar el esfuerzo que han hecho algunos de estos historiadores por nulificar o desvirtuar la trascendencia y lo traumático que resultaron estos tempranos procesos de secularización.
Frente a esta interpretación, historiadores como Ralph Woodward han logrado probar que fueron precisamente los “curas fanáticos” de Guatemala los que iniciaron el incontenible movimiento popular- católico de protestas que llevó al poder al conservador Rafael Carrera y a ejercer la Presidencia durante 30 años. Especialmente cacofónicos resultan aquellos historiadores que solo ven en el ascenso del café y las oligarquías cafetaleras las únicas causas para explicar lo acontecido en Centroamérica a partir de 1871; luego terminan concluyendo que tanto conservadores como liberales impulsaron el café, por lo que al final se quedan sin el necesario y estricto contrincante dialéctico que ayuda a entender los movimientos históricos.
Y sin embargo, al igual que ocurrió en tiempos de Mariano Gálvez en Guatemala, durante los años de las llamadas “reformas liberales” las fuentes católicas refieren categóricamente a que entre 1871 y 1886 en El Salvador se libró una intensa batalla entre “liberales ateos” y “buenos católicos”; y por su parte, las fuentes liberales confirman también la percepción de que con la llegada de la Administración de Santiago González había iniciado un significativo cambio en las políticas de Estado que fueron arrinconando progresivamente a los “fanáticos católicos”, quienes eran concebidos como los verdaderos enemigos del progreso, de la Libertad, de la Igualdad y la Fraternidad.
Además, ambas fuentes confirman que estas medidas “diabólicas” o “progresistas” fueron continuadas y profundizadas durante la larga presidencia de Rafael Zaldívar, con el claro apoyo de liberales radicales y masones, a pesar de que Zaldívar había sido un cercano colaborador del conservador Francisco Dueñas (1863-1871).
Tanto era la convicción de que había habido una ruptura entre la manera de entender y hacer política desde los tiempos de Dueñas, que las ambigüedades mostradas por el General Francisco Menéndez al inicio de su mandato no dejaron de alarmar a los radicalizados defensores del liberalismo secularizante que contemplaban con horror cómo Menéndez había reservado a Manuel Gallardo el decisivo cargo de Ministro de Hacienda, “á pesar del general desagrado que provocaba su presencia en el Gabinete” dadas sus posturas políticas conservadoras. Seguramente no menos vergüenzas generaba para los liberales radicales comprobar cómo Menéndez era elogiado por conservadores y católicos, y cómo, en fin, Menéndez había abierto las puertas para que el clero “fanático y reaccionario” participara en la Constituyente de 1885, o cómo había permitido la reintroducción de la cátedra de derecho canónico en la Universidad.
Aunque siempre es difícil tener certeza sobre las convicciones religiosas de las personas, podríamos conceder que muy probablemente los planteamientos ideológicos de Dueñas eran muy similares a los de González, que quizás ambos eran fervientes creyentes en un liberalismo moderado, sinceros y temerosos católicos; pero, ¿qué decir de los Ministros de Estado de Dueñas y de los de González? O, ¿qué decir de los Representantes que redactaron la Constitución de 1864 y los que redactaron las Constituciones de
1871-72 en adelante? Un análisis detallado mostraría que la clase política y los burócratas en el poder a partir de 1871 fueron modelando e introduciendo poco a poco políticas que efectivamente fueron secularizando el Estado salvadoreño, medidas que fueron generando importantes resistencias de parte de estos sectores católicos y conservadores. Es en este sentido que debe entenderse la expulsión de jesuitas, capuchinos y hasta de obispos a partir de 1872, la ruptura del Concordato con el Vaticano, la supresión de
periódicos católicos en los que se atacaba a la nueva generación de liberales radicales centroamericanos. En este sentido, la férrea insistencia de parte de los sectores católicos y conservadores de que con la llegada de Santiago González al poder y la fundación de la Logia masónica “Progreso Nº 5” había iniciado una era de terribles y lamentables cambios en la conducción política del Estado.
A la luz de todas estas consideraciones, sería un error, a mi juicio, considerar que las únicas motivaciones que tenían los Presidentes salvadoreños para convocar a una nueva Constituyente durante los años 1871-1886 era que se aprobara su reelección o se ampliara el período presidencial. Aunque los deseos de eternizarse en el poder tanto ayer como ahora han sido una poderosa motivación para convocar a una Constituyente, para la clase política de liberales secularizantes y masones, cada Constituyente era una nueva oportunidad para ir profundizando en el proceso de transformación del Estado desde los ya vetustos, anacrónicos y ahora reaccionarios principios del liberalismo católico hispánico a los principios más avanzados del moderno liberalismo laicizante; pero también cada Constituyente era una oportunidad más para que conservadores y católicos hicieran importantes críticas a este proceso de transformación y pedir
su reversión al estado de cosas en que había dejado al país la conservadora Constitución de 1864, cuyo Congreso Constituyente había hecho un esfuerzo por no romper con el paradigma del liberalismo católico español. Y las mismas resistencias se producían cada vez que liberales radicales y masones intentaban
introducir leyes que transformaran el carácter católico de la educación o promovieran la educación intelectual de la mujer, etc.
A mi parecer, pues, hubo significativas rupturas ideológicas y de políticas de Estado entre las Constituciones de 1864 y la de 1871, y estas diferencias se fueron haciendo cada vez más amplias a lo largo de las restantes que fueron siendo aprobadas hasta llegar a la de 1886; es decir, cada nueva Constituyente iba reafirmando las conquistas del liberalismo laicizante ya logradas, e introduciendo nuevas –quizás las que
se atrevían a introducir o las que tuvieron éxito en imponer del amplio catálogo de reformas que incluía el proyecto Liberal de secularización del Estado. Y sobre todo no puede obviarse que muchas de estas políticas secularizantes se estaban tratando de implementar en países tan distantes como Francia o Bélgica o
Alemania. Recuérdese, por ejemplo, que Bismark expulsó a los Jesuitas de Alemania en 1872, es decir el mismo año que lo hizo Guatemala y El Salvador.
Por ello sostengo que las reformas políticas liberales salvadoreñas deben ser definidas más precisamente como “secularizantes”.
Es claro que liberales radicales y masones estaban convencidos de que los tiempos habían cambiado, que ahora sí les había llegado su turno para implementar las políticas que las generaciones anteriores de liberales radicales soñaron con hacer realidad, pero con resultados catastróficos. Me refiero a las generaciones de Mariano Gálvez, de Francisco Morazán, pero también a la de Gerardo Barrios, Manuel Suárez y Manuel
Irungaray. Ciertamente la tarea seguía siendo harto difícil, las resistencias del clero y de los católicos seguían siendo poderosas.
Pero la historia demostró al final –al menos en el caso de El Salvador- que liberales secularizantes y masones estaban en lo correcto: el tiempo les favorecía. La permanencia desde entonces del espíritu laico de las Constituciones de 1885 y 1886 es una buena prueba de esta afirmación.
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